El pasado mes de julio, el Gobierno trasladó desde Salamanca cientos de miles de documentos del Centro de la Memoria a Cataluña. En ese momento, se alzaron algunas voces denunciando que muchos de esos papeles no eran catalanes y por tanto incumplían la ley. Hay papeles de otras comunidades, como Aragón, que ha sido la primera en exigir al Ministerio el retorno de los fondos a Salamanca.